Fue creada en 1993, a instancias del Parlamento de Andalucía y tiene como objetivo el desarrollo y gestión de recursos de apoyo social para personas con dependencia y discapacidad derivada de padecer trastornos mentales graves.
En la actualidad, 1.600 profesionales atienden a unas 10.000 personas en las siguientes áreas de actividad: residencial; laboral; ocupacional; soporte diurno; arte, cultura y deportes; ocio; fomento de entidades tutelares; atención a personas en situación sin hogar; atención a personas en situación de privación de libertad; sensibilización y lucha contra el estigma; formación, investigación y cooperación nacional e internacional.