La violencia contra mujeres y niñas sigue siendo una emergencia de salud pública en la región europea, afectando a casi una de cada tres mujeres a lo largo de su vida. Según el informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, OMS, “Care, courage and change: health sector leadership in ending violence against women and girls”, aunque el 87% de los países cuentan con estrategias multisectoriales para abordar esta problemática, menos de la mitad integran la violencia en sus políticas sanitarias o directrices clínicas, dejando importantes brechas en la atención y prevención.
El estudio revela que los servicios esenciales centrados en las víctimas, como anticoncepción de emergencia, aborto seguro, profilaxis del VIH o atención de salud mental, entre otras cuestiones, están insuficientemente incorporados en las políticas. Además, el requisito de notificación obligatoria en 32% de los países puede perjudicar su autonomía y su acceso a la atención, y destaca el ejemplo de España como un modelo avanzado que elimina esta obligación para priorizar la confidencialidad y seguridad.
Pese a estas deficiencias, el informe destaca avances importantes: el 75% de los países se comprometen a capacitar a los profesionales de la salud, y el 68% incluyen apoyo de primera línea para víctimas de violencia de género. La OMS hace un llamado urgente a fortalecer los sistemas sanitarios con enfoques compasivos, confidenciales y alineados con los derechos humanos, poniendo en el centro la dignidad y el empoderamiento de las mujeres para erradicar esta violencia.
El informe fue recientemente presentado en el evento “Yo sí te creo: construir sistemas de salud que pongan en el centro a las mujeres y niñas supervivientes”, un encuentro organizado por la OMS Europa y el Ministerio de Sanidad de España, que reunió a representantes institucionales, profesionales de la salud, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violencia”.
El documento, además, destaca que la atención sanitaria a mujeres y niñas víctimas de violencia de género es gravemente insuficiente en la mayoría de los 53 estados miembros de la Región Europea, especialmente en cuanto a la asistencia psicológica. Solo el 43% de los países incluyen mecanismos claros para derivar a servicios especializados de salud mental, lo que dificulta el acceso a apoyo psicológico adecuado y oportuno. Esta carencia reduce las posibilidades de recuperación emocional y puede agravar el impacto del trauma a largo plazo, subrayando la urgente necesidad de fortalecer la formación especializada y la coordinación en atención primaria para brindar una respuesta homogénea, empática y centrada en la seguridad de las supervivientes.
Este texto subraya, por tanto, la necesidad ineludible de un enfoque multisectorial coordinado para proteger la salud y los derechos humanos de mujeres y niñas frente a la violencia, posicionando al sector salud mental como actor clave en esta lucha.
